Además de tener dos años de construcción sin permisos ambientales, el Tren Maya mantiene vigente un contrato para la certificación de seguridad con una empresa cuestionada por no tener la capacidad para brindar ese servicio.
De acuerdo con documentos obtenidos por 24 HORAS en la Plataforma Nacional de Transparencia, los corporativos SGS de México y Ardanuy Ingeniería ganaron el contrato plurianual para la evaluación independiente de seguridad, de una de las obras insignia de la cuarta transformación y por un monto de 161.1 millones de pesos.
Dichas empresas tienen el contrato vigente desde febrero de 2021 y se espera que concluyan con su servicio en diciembre de 2023; es decir, cuando el Tren Maya entre en su primera fase de operaciones, según las estimaciones del Gobierno federal.
Entre las actividades que desarrollarán se encuentran la comprobación del nivel de seguridad del Tren Maya en su etapa de pruebas, así como la elaboración de diversos informes sobre la mitigación de riesgos y operación de sistemas y subsistemas del proyecto ferroviario.
Sin embargo, la contratación de esos corporativos fue impugnada por la filial mexicana de TÜV Rheinland, empresa de origen alemana especializada en la evaluación de sistemas ferroviarios, la cual señala varias anomalías en el proceso de contratación, como que el Fonatur eligió a SGS de México pese a que propuso un monto económico más elevado.
Otra de sus quejas fue que la empresa, encargada de certificar la seguridad del Tren Maya, no cuenta con la experiencia suficiente para realizar esa labor.
SGS de México se encarga de evaluar una gama de productos como alimentos, electrónicos, juguetes, muebles herramientas, artículos deportivos, cosméticos, productos de cuidado personal, dispositivos médicos, entre otros.
Sin embargo, el contrato sigue vigente y SGS de México y Ardanuy Ingeniería se encargarán de otorgar la certificación ISA; es decir, evaluarían de manera independiente que el tren cumple con los requisitos para transportar a pasajeros de forma segura.
HISTORIAL DE ANOMALÍAS
SGS de México tiene contratos por 2 mil 23 millones de pesos, entre 2004 y 2021, siendo dos los principales para la asesoría, control y seguimiento del proyecto del Tren México-Toluca por 819.4 y 840 millones de pesos, respectivamente, aunque dicha obra no ha logrado ser terminada desde 2014.
Se trata de una filial de la empresa suiza, Societé Géneralé de Surveillance, la cual está en México desde 1992, aunque sus antecedentes en el país datan de 1950. Para la firma del contrato su representante legal fue Víctor González Ledezma, quien tiene ese cargo desde 2004.
En el caso de Ardanuy Ingeniería, se trata de una empresa española que opera desde 1992, cuyo consejero delegado, con 13 años de experiencia en esa empresa, Carlos Alonso Andino firmó como representante legal en el contrato para la certificación del Tren Maya.
La contratación de una empresa cuestionada por irregularidades para certificar la seguridad de uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador se suma a que apenas la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), María Luisa Albores, admitió que no se contaban las Manifestaciones de Impacto Ambiental aprobadas para los Tramos 4, 5 sur y 5 norte.
Dichas construcciones, según publicó 24 HORAS, comenzaron desde junio de 2020, sin que estuviera vigente el decreto presidencial, de noviembre pasado, por el cual se permite que se lleven a cabo los trabajos sin tener aprobada la documentación ambiental.
Hace una semana, Arturo Islas, activista de Selvame el Tren, organización que se opone a la edificación de los últimos tramos del Tren Maya por un supuesto daño ambiental, dijo que el proyecto presentaba diversas irregularidades, por lo que “cuando el tren se caiga como la Línea 12 del Metro ¿Quién se hará responsable? El Presidente tiene casi 70 años… se va morir y nos va a dejar el problema”.
… Y avance con permisos provisionales es ilegal: experta
Por: Jorge X. Lopez
La construcción del Tramo 5 del Tren Maya con permisos provisionales amparados en el decreto presidencial de noviembre de 2021 es ilegal e irregular y no suplen al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ya establecido, aseveró Mariana Tejado Gallegos, especialista en derecho ambiental.
“La ley es muy clara para hacer una obra de este tipo, se debe pasar un procedimiento de impacto ambiental que está basado en la Ley General de Protección al Ambiente y el reglamento por lo que no se puede suplir con este supuesto acuerdo”, dijo la doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá sobre la inconstitucionalidad del decreto publicado a finales de año, y de confirmarse ésta, incluso podría llegarse a la demolición de los trabajos “porque lo más importante en materia ambiental es el daño que ha sido creado, para (entonces) buscar hacer la compensación”.
“Recordemos que lo que debería interesarnos en temas ambientales no son los temas económicos o los de infraestructura, sino que se prevenga el daño, para eso está hecho el procedimiento”, enfatizó la también socia del despacho Green Business Partners.
Explicó que, si la SCJN decreta la inconstitucionalidad del decreto presidencial actualmente impugnado, se estará frente a una nueva violación de la propia autoridad a la normatividad ambiental.
Dicho documento declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México e instruye a las dependencias a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras.
“Tendría que haber sanciones para aquellos que están realizando estas actividades. Inclusive se aplicará la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y tendríamos que ver a un Estado que reaccione frente a una violación del propio Estado; se tendrían que activar las autoridades como la Procuraduría de Protección al Ambiente (…) y detener inmediatamente las actividades y hacer las acciones de remediación y compensación”, dijo en entrevista.
El lunes, la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano informó que se admitió su demanda de amparo y el juzgado primero de Distrito de Yucatán concedió una suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
LEG